Desde la Federación de Sindicatos Municipales de la Provincia de Santa Fe, insistentemente venimos denunciando la distorsión de las cargas tributarias en favor de los sectores con mayor rentabilidad y concentración económica y en desmedro de las pequeñas y medianas empresas, los profesionales, los comerciantes, los trabajadores y los sectores populares de menores ingresos.
Para FESTRAM el proyecto del Gobierno no constituye una herramienta de equidad tributaria.
COMUNICADO DE PRENSA OFICIAL
En el mes de Enero de este año reclamamos una reforma tributaria que asegure equidad para los sectores más vulnerables de la sociedad, pero nuevamente observamos que las corporaciones se imponen sobre la política y las instituciones democráticas. Está claro que si se quieren conocer las verdaderas relaciones del poder en el interior de una sociedad, debe mirarse la estructura tributaria. En Santa Fe seguirá vigente el esquema de los 90, con una modificación fiscal que apenas corregirá el déficit provincial manteniendo los privilegios de los grupos económicos más concentrados, que cuentan con fuerte apoyo, protección y complicidad de sectores legislativos del oficialismo y la oposición.
INGRESOS BRUTOS: En el año 2009 la revista Mercado aseguraba que 23 empresas, dentro de las 100 primeras que desarrollan la actividad en la provincia de Santa Fe, facturan 52.000 millones de dólares, dos veces y media el Producto Bruto Geográfico de ese año. Estas empresas están ?subsidiadas? por el Estado Santafesino con las exenciones al pago de Ingresos Brutos, impuesto que sí pagan los trabajadores de oficios, profesionales, comerciantes y en general las pequeñas y medianas empresas, en definitiva, todo cuidadano común.
Por ello FESTRAM denunció que en las estimaciones presupuestarias del 2012, las exenciones establecidas a los exportadores, terminales portuarias, grandes industrias vinculadas a la actividad primaria y al sector financiero, entre otros, superarán los 2.900 millones de pesos, entre ellos más de 100 empresas multinacionales que operan en esta Provincia.
En estas condiciones el Estado Santafesino emite Letras de Tesorería, paraliza la Obra Pública, aumenta las tarifas para financiar a la Empresa Provincial de la Energía, sigue sin tener una herramienta financiera al servicio de la producción, no puede encarar la construcción de viviendas populares, etc., etc. ,etc. y además abona a sus trabajadores sólo $112 de Asignación por Hijo. Todo esto indica con claridad que la mayoría de los santafesinos pagamos las consecuencias de este festival de exenciones a los grupos económicos de mayor rentabilidad y concentración.
IMPUESTO INMOBILIARIO: Durante el Gobierno del General Perón en 1974 se efectuó la última valuación fiscal de la tierra. Una de las primeras medidas de Martínez de Hoz, fue anular los efectos tributarios de ese avalúo fiscal y los miembros de la comisión de expertos del INTA que trabajó en esa misión, integran la lista de los 30.000 desaparecidos. Por ello, cuando se intenta cambiar las relaciones del poder del Estado por vía impositiva, como ocurrió con la 125, la corporación agropecuaria se trasforma rápidamente en fuerza de choque que no duda en avasallar espacios emblemáticos de la democracia como observamos recientemente en las legislaturas bonaerense y entrerriana.
En Santa Fe, estos hechos amedrentan y acobardan a los sectores políticos que avalan la decisión de avanzar en una verdadera y justa Reforma Tributaria.
La realidad no resiste el menor análisis frente a la contundencia de los números. En Alcorta -Provincia de Santa Fe- la Boleta de Pago del API muestra que una hectárea de tierra con un valor de mercado de $ 100.000 paga la escandalosa suma de $ 3,10 por mes. Esto significa que su impuesto inmobiliario es el 0,0031% sobre el valor real de la tierra. En Santo Tomé, una propiedad de los conocidos planes Eva Perón, valuado en $ 320.000, paga $ 10,33 por mes. Este monto es equivalente a una vivienda del mismo tipo en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe, según boletas impresas del API. La inequidad tributaria que hay que corregir se sintetiza al observar que una hectárea de tierra productiva en el Departamento General López, frente a un escenario de valoración explosiva en el precio de los campos y un extraordinario incremento de la rentabilidad por el alza internacional de los commodites, tiene la misma carga fiscal que una vivienda destruida por la inundación del año 2003. Eso sí, el Dpto. General López está en emergencia agropecuaria, goza del beneficio de no pagar impuestos a costa de los aportes de las viviendas populares.
El Gobierno Provincial estima recaudar con sus retoques impositivos una suma inferior a los 1.000 millones de pesos, que con las letras de tesorería que emitirá la Provincia, podrá superar el déficit fiscal de la actual gestión, pero la Equidad Tributaria tendrá el mismo destino que le dio Martínez de Hoz a la última valuación fiscal de las tierras.
Si la Provincia de Santa Fe hubiera mantenido la participación del impuesto inmobiliario sobre el total de su Presupuesto en los porcentajes anteriores a los Pactos Fiscales de Menem y Cavallo, hoy estaría recaudando 1.800 millones de pesos por ese mismo gravamen. Para el año 2012 la emisión del Inmobiliario Rural Santafesino es de 160 millones, frente a los 700 millones del Inmobiliario Rural entrerriano y los 650 millones del Inmobiliario Rural cordobés.
En la actualidad, sin las modificaciones tributarias programadas, el valor promedio del Impuesto Inmobiliario Rural en la Provincia de Santa Fe es de 11 pesos anuales por hectárea y en la Provincia de Buenos Aires 47 pesos. Los datos son irrefutables, el Estado Santafesino le regala a la Mesa de Enlace un 500% de impuesto frente a las provincias integrantes de la Región Centro.
En consecuencia, la propuesta del Gobierno Provincial ni siquiera tendrá una aproximación a la armonización tributaria de las provincias vecinas.
Las corporaciones agropecuarias no niegan el desfasaje y se manifiestan a favor de pagar más impuesto a la Provincia de Santa Fe, que ha sido más que generosa que el resto de los Estados provinciales. Pero se niegan a un revalúo fiscal para continuar evadiendo el Impuesto a las Ganancias mínimas presuntas y Bienes Personales que cobraría el Estado Nacional. En realidad, los intereses económicos van de la mano de las ideologías, por ello a la “CAJA K” cero pesos. Eso sí, el subsidio al gasoil, al dólar exportador, a las rutas, puertos y usinas eléctricas que la sigan pagando los trabajadores.
EL SILENCIO DE LOS INTENDENTES: Para los Estados Municipales y Comunales nada.
El Art 107 de la Constitución Provincial le otorga a los Gobiernos Locales la propiedad del 50% del Impuesto Inmobiliario. Pero los Intendentes, por acción u omisión, están excluidos de esta discusión. Han resignado la responsabilidad política que le dan sus ciudadanos para defender los interés de cada pueblo y ciudad de nuestra Provincia. Los trabajadores municipales y comunales no vamos a tolerar que ante la resignación del Estado frente a las corporaciones económicas se pretendan ajustar las economías locales con salarios bajos, precarización laboral y condiciones de trabajo inseguras.
Esta sumisa reforma impositiva les permitirá incrementar la coparticipación en casi 400 millones de pesos a los municipios y comunas. Eso significa un exiguo incremento del 13% del total de la coparticipación nacional y provincial distribuida durante el 2011. Pero, en realidad el impacto en los Presupuestos Municipales y Comunales no será más del 6%.
Esto significa, que frente a un panorama de disminución del crecimiento económico de la Argentina -por la caída de los mercados de los países centrales y su impacto en la economía mundial- el 6% de incremento programado para los Estados Locales, no llegará a compensar el crecimiento de la coparticipación de los últimos 9 años.
Así, mientras el aumento de los recursos municipales del año 2010-2011 se ubicó en el 30 %, entre el 2011 y 2012 se colocará en una suba del orden del 25 % si se aprobaran las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo Provincial.
Para medir la verdadera dimensión de la inequidad tributaria, aseguramos que la totalidad de la coparticipación a municipios y comunas es igual a las exenciones impositivas que la Provincia otorga a los grupos económicos por el Impuesto a los Ingresos Brutos. En tanto se resignan 900 millones por la depreciación del valor de las tierras más ricas de la Argentina.
FESTRAM ya ha denunciado que los municipios ceden más de 1.300 millones en concepto de Ingresos Brutos e Impuesto Inmobiliario. De aprobarse en la Legislatura el proyecto que modifica la política tributaria, la detracción se ubicará en los 900 millones anuales y recaerá en la transferencia de ingresos de todos los santafesinos distribuidos en las 362 Municipalidades y Comunas, en manos de sectores minoritarios que dominan las instituciones democráticas.
Cuando la Presidenta de la Nación asegura que el Estado no es neutral y que hay que estar del lado de los sectores populares por sobre las corporaciones, se refiere exactamente a la distribución de la renta, que en esta Provincia seguirá estructurada tributariamente sobre la base conceptual inaugurada por la dictadura militar y profundizada en la década del 90.
En Santa Fe, el Estado no es neutral, el Estado está a favor de las corporaciones.
SANTA FE, MAYO DE 2012 CONSEJO DIRECTIVO PROVINCIAL Claudio Leoni - Secretario General
