Publicado
Bajar Documento Completo en formato .PDF
El femicidio de Chiara Páez en mayo del 2015 rebasó el horror. Un grupo de periodistas, artistas y activistas lanzaron una convocatoria que se hizo viral. Cientos de miles poblamos calles y ciudades de todo el país aquel 3 de junio al grito de “Ni una Menos, vivas nos queremos”.
A partir de este hecho nos encontramos como nunca lo habíamos hecho. Nos fuimos reconociendo en la otra, codo a codo en las calles, en ese sentir solidario de querer fortalecernos en esta lucha que vamos profundizando día a día y que ya no tiene retorno.
Fuimos transformando el dolor y la indignación en organización y lucha colectiva. De esta experiencia surge la Mesa Ni Una Menos Santa Fe, integrada por un grupo de mujeres y travestis autoconvocadas y agrupadas en distintos sectores feministas, sindicales, estudiantiles, académicos, sociales, políticos y de derechos humanos.
Nos reconocemos dentro del histórico movimiento de mujeres y del movimiento feminista que durante décadas en nuestro país y en nuestra provincia visibilizó las inequidades y las violencias patriarcales e interpeló a los poderes hegemónicos. Estamos convencidas de que la fuerza de nuestro movimiento está en los lazos que sepamos construir, apoyándonos en una relación de hermandad y solidaridad para crear redes que impulsen los cambios sociales necesarios en la búsqueda de la igualdad.
Somos SORORIDAD, somos una lucha que se extiende y apela a las mujeres a unirse y rebelarse frente a esta cultura patriarcal, somos las víctimas empoderadas que no vamos a retroceder, somos la vida que no queremos perder.
En ese devenir de desobediencia a un orden que pretende formatear nuestro destino en razón de nuestro género, el movimiento ha ido intentando otras formas de construcción que no respondan a las lógicas hegemónicas del patriarcado.
En tiempos de desatada furia femicida y de desamparo estatal hay un solo camino posible, formar alianzas entre nosotras, no sólo para resistir y demandar que dejen de violentarnos y matarnos sino para proponer otros paradigmas que subviertan lo naturalizado y las asimetrías de poder que nacen de la opresión de género, de las miradas androcéntricas de la vida, de la sociedad, la cultura, la política, la economía, la justicia.
No somos un blanco móvil, un recurso humano, una estadística, una propiedad, una anomalía. Somos una colectiva que está de pie, alerta, movilizado, dispuesto a luchar a gritar
NI UNA MENOS! VIVAS NOS QUEREMOS!
PERO NO ESTAMOS TODAS:
- Nos faltan las víctimas de femicidio, voces que se apagan violentamente al ritmo escalofriante de una cada 18 horas.
- Nos faltan las lesbianas y travestis asesinadas por crímenes de odio.
- Nos faltan las presas políticas, las perseguidas, las asesinadas en nuestro territorio latinoamericano por defender la tierra y sus recursos.
- Nos faltan las mujeres encarceladas por delitos menores que criminalizan formas de supervivencia.
- Nos faltan las muertas y las presas por abortos clandestinos.
- Nos faltan las desaparecidas para ser prostituidas por las redes de trata.
POR ESO DENUNCIAMOS QUE:
- La violencia masculina contra las mujeres y travestis tiene su origen en el patriarcado, el sistema milenario más poderoso y duradero de desigualdad y opresión que naturaliza, reproduce y legitima como derecho el dominio de los varones sobre las mujeres. Son varones quienes nos cosifican, nos acosan, nos violan, nos mercantilizan, nos matan y hay un sistema que lo posibilita y les da impunidad.
- El Estado es responsable de todas las violencias que nos atraviesan al no cumplir con su obligación de garante en el acatamiento de leyes, convenciones y tratados que reconocen derechos y garantías de las mujeres y que tienen rango constitucional.
- Cuando el Estado deja librado al mercado la política y la economía, lo que hace es privatizar en las mujeres la sostenibilidad de la vida a costa de nuestra salud, nuestro tiempo y nuestros derechos. Si el Estado se retira como garante de derechos básicos y de la seguridad social, si se destruyen las economías regionales y la agricultura familiar, si se retrae y precariza el empleo, si se encarecen bienes y servicios, lo que hay es una feminización de las estrategias de supervivencia porque somos las mujeres las que debemos hacernos cargo de un sinnúmero de actividades donde los ingresos no llegan.
- La desigualdad económica, laboral y social se asienta en la división sexual del trabajo. Estamos presentes en el mercado laboral por cuenta propia, asalariada o en la economía popular y solidaria del ámbito rural y urbano donde además de nuestro trabajo socialmente visibilizado realizamos las tareas de cuidado doméstico y tareas sociales no remuneradas. Nuestra fuerza de trabajo en las tareas de cuidado y reproducción de la vida humana nos insume entre cuatro y siete horas extras diarias. Tiempo de trabajo no reconocido en su valor económico pero que garantiza la “productividad” de quienes poseen trabajos remunerados y reconocidos aunque se encuentren, incluso, en un marco de precarización.
- El 80% del presupuesto asignado para el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (2017-2019) se lo lleva la obra pública, la construcción de casas de amparo; nada se especifica en relación a lo que pasará con equipamiento, mobiliario, personal, programas para las mujeres y sus hijas e hijos que se alojen en estos 36 refugios, etc. Con el 20% restante se pretende atender políticas públicas de prevención, atención, fortalecimiento y monitoreo en materia de violencia de género, lo que resulta realmente insuficiente dada la contundencia de las estadísticas. Nos preocupa el desmantelamiento y/o vaciamiento de programas esenciales como “Ellas Hacen” y el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
- Durante décadas el movimiento de mujeres viene exigiendo políticas públicas de prevención y de desmantelamiento de andamiajes heteropatriarcales en todos los espacios del hacer, del pensar y del crear; en las relaciones, en las organizaciones y en las gestiones. Si la violencia es estructural, la solución también debe serla. Desde determinados sectores políticos y sociales –en una manipulación oportunista y cínica por los recientes femicidios- se impulsan reformas legislativas que le dan mayor poder punitivista al Estado. Pero nosotras no queremos ni un garantismo misógino que trivializa y minimiza las violencias que nos afectan, ni una demagogia punitivista que evite el análisis oportuno y preciso que permitiría estrategias de prevención y cuidado que efectivamente salven vidas tal como como señala el documento presentado por el colectivo Ni una Menos a la Comisión del Senado para la reforma de la ley 24.660.
- El retroceso que significó la convalidación legislativa del Decreto de Necesidad y Urgencia que puso fin a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que preveía el funcionamiento de organismos de monitoreo de contenidos como el Observatorio para la Discriminación en Radio y Televisión y la Oficina de Monitoreo de Avisos de Oferta Sexual. Asimismo establecía financiamiento por parte del Estado para aquellos contenidos que abordaran la violencia de género como asimismo cupos de mujeres en cargos jerárquicos en los medios.
- Con el lema “De la foto a la firma” se consensuaron cinco puntos para que todos los sectores políticos lleven adelante después de las elecciones presidenciales del 2015. Estos eran los siguientes:
- Implementar con todos los recursos necesarios y monitorear el Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres tal como lo establece la Ley 26.485.
- Garantizar que las víctimas accedan a la Justicia. En cada fiscalía y cada comisaría debe haber personal capacitado e idóneo para recibir las denuncias. Las causas de los fueros civil y penal deben unificarse, las víctimas deben tener acceso a patrocinio jurídico gratuito durante todo el proceso judicial.
- Elaborar el Registro Oficial Único de víctimas de la violencia contra las mujeres.
Realizar estadísticas oficiales y actualizadas sobre femicidios para la planificación de políticas públicas efectivas. - Garantizar y profundizar la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos para formar en la igualdad y para una vida libre de discriminación y violencia machista. Sensibilizar y capacitar a docentes y directivos.
- Garantizar la protección de las víctimas de violencia. Implementar el monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que impone la Justicia.
El colectivo Ni Una Menos denuncia que estos cinco puntos todavía NO se cumplieron en todas las jurisdicciones.
POR ESO DEMANDAMOS:
BASTA DE VIOLENCIA ECONÓMICA Y LABORAL:
- Patrocinio jurídico gratuito para las mujeres que viven situaciones de violencia. Cese de los despidos y de la flexibilización laboral.
- Reconocimiento para las trabajadoras de empresas recuperadas y auto gestionadas de la economía popular, social y solidaria.
- Aplicación de la Ley de Emergencia Social y la eliminación del IVA de la canasta familiar.
- Mayor presupuesto para políticas públicas en tareas de cuidado, escuelas infantiles y jardines comunitarios.
- Apertura de una moratoria previsional para las amas de casa.
- No a la suba de la edad jubilatoria de las mujeres.
- Acceso a todas las categorías en igualdad de condiciones que los varones. La diferencia salarial nos condena a ganar, en promedio, un 27 por ciento menos. La desocupación, por ejemplo, en el tercer trimestre de 2016 afectó más a las mujeres 14,4 % y además a las mujeres corresponde mayor porcentaje de empleo precario en el mismo período que es de 32,2 %.
- Que el trabajo doméstico y reproductivo que realizamos las mujeres de forma gratuita sea reconocido en su aporte como valor económico.
- Licencias por violencia de género, licencias más amplias de maternidad y paternidad.
- Paritarias sin techo e inclusión de las demandas de género en las mismas.
- Representación de mujeres en las cúpulas sindicales y paridad en la representación gremial.
BASTA DE VIOLENCIA POLITICA E INSTITUCIONAL:
- Acceso universal a los derechos sexuales y reproductivos.
- Educación Sexual Integral en todas las escuelas de la provincia. La ESI es una herramienta fundamental para transformar y erradicar las prácticas culturales machistas, heterosexistas y patriarcales que sostienen las violencias de género. Necesitamos que esta ley se cumpla, que no dependa de las decisiones del gobierno de turno, que se constituya en una política de Estado. Por eso exigimos a lxs legisladorxs de esta provincial la sanción prioritaria y sin dilación de la Ley Provincial de Educación Sexual Integral.
- Aplicación efectiva en todo el país de la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable. Es nuestro lema: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.
- Atención en los servicios públicos de salud a mujeres y niñas que deciden abortar en los casos en que peligra su vida y su salud o ante situaciones de violación, de acuerdo al artículo 86 del Código Penal Nacional.
- Cumplimiento del Compromiso para la Disminución de la Mortalidad Materna y el Protocolo de Asistencia Humanitaria del Post-aborto.
- Cumplimiento del protocolo para las mujeres con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (I.L.E.).
- Protección de las infancias trans en las escuelas y los centros de salud.
- Financiamiento de los espacios de atención por violencia de género en las municipalidades, universidades y en cada espacio donde haya patrocinio del Estado.
- Aprobación de la Ley de Paridad, para cargos electivos y para todos los poderes del estado.
- Desmantelamiento de las redes de trata.
- Ni un proxeneta, tratante y cómplice dentro o fuera del Estado gozando de impunidad y libertad por lucrar con la mercantilización de cuerpos feminizados.
- Políticas públicas de acceso a la vivienda y asesoramiento jurídico a las víctimas de trata y sus familias.
- Desprocesamiento y libertad de presas políticas y para las que se defendieron de violencias heteropatriarcales. Libertad a Higui.
- Implementación de la Ley de Cupo Laboral para personas trans.
- Capacitación obligatoria en perspectiva de género para efectores de salud, operadores de la justicia, del servicio penitenciario, docentes, que trabajan en la aplicación de protocolos y el abordaje de contenidos en derechos humanos.
- Otorgamiento para las mujeres privadas de la libertad de los mismos beneficios que tienen los varones (prisión domiciliaria, visitas íntimas, salidas transitorias por estudio o trabajo, libertad condicional y otras).
- Capacitación en género con especialización en violencia de género de todas las áreas de Poder Judicial: Defensoría Pública, Ministerio Público de la Acusación y Jueces (de instrucción, sentencia y ejecución de la pena).
- Reconocimiento con puntaje específico por capacitación en género para los concursos del Poder Judicial y Ministerios Públicos.
- Formación obligatoria y permanente en perspectiva de género para las fuerzas de seguridad, policía y servicio penitenciario, para el acompañamiento respetuoso de las mujeres en situación de violencia.
- Formación obligatoria y permanente en perspectiva de género para las fuerzas de seguridad, policía y servicio penitenciario, para el abordaje de varones imputados por delitos de violencia contra las mujeres.
- Creación de espacios de acompañamiento y problematización de la masculinidad violenta para varones imputados por situaciones de violencia contra las mujeres, en sus diferentes manifestaciones.
- Rechazamos la aplicación del juicio abreviado en casos de violencia de género.
- Garantía del adecuado derecho de defensa para mujeres imputadas por homicidios dolosos como consecuencia de la legítima defensa frente a un intento de femicidio.
- Utilización de las medidas alternativas a la privación de libertad para mujeres procesadas por delitos menores.
- Reformas al régimen de progresividad de la Ejecución de la pena privativa de la libertad (ley 24.660): capacitación obligatoria en violencia de género del personal penitenciario que tiene a su cargo realizar los informes de las y los presos en los diferentes períodos: de observación, de tratamiento, de prueba, de libertad condicional,
- Obligatoriedad de intervención de equipos interdisciplinarios con psicólogas y psicólogos, con trabajadoras y trabajadores sociales capacitados en perspectiva de género con los condenados y/o procesados por delitos contra la vida, la integridad sexual o la libertad de las mujeres, quienes tienen a su cargo elaborar los informes respectivos para el acceso o no al régimen de progresividad.
BASTA DE VIOLENCIA CULTURAL Y SIMBÓLICA:
- Medios que incorporen la perspectiva de género en todos los abordajes informativos, entendiendo que no sólo los femicidios y los hechos de violencia física tienen a la mujer en un lugar de desigualdad respecto a los varones.
- Que las y los trabajadores de prensa se capaciten en el correcto abordaje de las situaciones de violencia para evitar la responsabilización de las víctimas, la revictimización, la reproducción de estereotipos y la cosificación de las mujeres, entre otras modalidades de la violencia mediática.
- La búsqueda de nuevas estrategias publicitarias que reivindiquen los distintos tipos de familias y la distribución equitativa de las tareas de cuidado.
- La implementación de un lenguaje no sexista que incluya a las mujeres y al colectivo de la diversidad sexual.
- Aplicación de protocolos ante la violencia simbólica ejercida por los medios.
- Ni una tapa, nota, o publicidad sexista más. Aplicación de protocolos ante la violencia simbólica ejercida por los medios.
- Mayor presencia feminista en los debates políticos, sociales y económicos y luchar en todos los ámbitos. No necesitamos que hablen por nosotras, tenemos voz propia.
EL ESTADO ES RESPONSABLE
En la provincia, en el presupuesto 2017 sobre un total anual de 90.843 millones se destina a políticas de género el 0,043% del presupuesto total.
En la Municipalidad de Santa Fe en un presupuesto de 5.467 millones se destina al área el 0.012% sobre el total. Estos datos demuestran claramente que no es prioridad para los tres poderes del Estado la prevención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres y travestis.
