La inflación en 2016 fue superior al 40 por ciento, muy por encima del 25 anunciado por el Gobierno. De acuerdo con el IPC provincias de Cifra-CTA, el aumento anual promedio en el nivel general de precios fue de 41,1 por ciento.
Otros índices como el IPC de la Ciudad de Buenos Aires arrojan valores similares. El aumento anual no sólo resultó significativamente superior al de 2015 sino que fue el más alto desde 1990, a la salida de la hiperinflación.
Los aumentos se vieron impulsados por distintos factores. En primer lugar, la fuerte devaluación implicó subas en los costos y en los precios de los bienes transables, mientras que la quita de derechos de exportación impulsó también la suba de precios de los bienes exportables, particularmente alimentos. Los importantes incrementos en las tarifas de servicios públicos también tuvieron una incidencia significativa en la explicación de la inflación.
Así, del 41,0 por ciento interanual que arrojó el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, 8,8 puntos se explican por el rubro Vivienda, en el que sobresale el aumento promedio de 282,8 por ciento en agua, 253,3 en electricidad y 147,2 en gas. Transporte explica 5,2 puntos de esa inflación, con incrementos en los pagos por transporte público automotor y ferrocarril superiores a 60 por ciento en el primer caso y 70 en el segundo. Y finalmente, aunque en absoluto menos importante, 5,9 puntos del aumento del IPC se explican por el rubro Alimentos y bebidas, donde los productos exportables llevaban la delantera, como aceites y grasas (78,7 por ciento), vinos (68,9) y lácteos (43,2).
Si bien es cierto que los aumentos tuvieron una desaceleración desde el segundo semestre de 2016 respecto de los valores extraordinarios de los primeros meses, no es posible afirmar que el problema de la inflación haya sido superado. Más aún, los aumentos de precios y tarifas ya previstos y anunciados para los primeros meses de 2017 permiten avizorar que este año la inflación estará sustantivamente por encima del objetivo máximo de 17 por ciento fijado por el Gobierno. El dato publicado de febrero ya muestra esta tendencia.
Desde el punto de vista de los trabajadores, la inflación es un problema sobre todo en tanto implique pérdida de poder adquisitivo en los ingresos. Lo relevante no es sólo que en 2016 la inflación haya sido superior al 40 por ciento sino que los salarios registrados crecieron en el año alrededor de 33 puntos. De este modo, se verificó una caída en el poder adquisitivo del salario registrado de aproximadamente el 6 por ciento. Para verlo en términos gráficos, es como si a cada trabajador le hubiesen pagado unas tres semanas de trabajo menos en el año. La pérdida resultó considerablemente mayor entre los asalariados no registrados.
Ante este escenario, es de esperar que en las negociaciones paritarias de 2017 los gremios busquen, no sólo adelantarse a la inflación esperada, sino también compensar las pérdidas sufridas en cada caso en 2016. De otro modo, quedaría consolidado y perpetuado un menor nivel salarial hacia el futuro. Por ello, la estrategia del gobierno que, como en el caso de la negociación de la provincia de Buenos Aires con los docentes, busca otorgar aumentos salariales en línea con la inflación a medida que se vaya registrando, implica desconocer y, por esa vía, asegurar esta pérdida. Aun si la aplicación de tales aumentos pudiese compensar totalmente los ajustes de precios durante el año, este esquema esconde la trampa de sostener un menor poder adquisitivo del salario y una matriz distributiva más regresiva.